El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almonte ha mostrado su preocupación ante la moción presentada por el concejal no adscrito Miguel Ángel Jiménez para que el Pleno inicie la revisión de oficio del contrato de la Zona ORA, una iniciativa que, según advierte el Consistorio, podría exponer al municipio a una reclamación patrimonial de hasta 8 millones de euros por parte de la empresa adjudicataria.

Desde el Ayuntamiento recuerdan que la propuesta defendida por el equipo de gobierno siempre ha tenido un objetivo claro: que los almonteños no paguen por aparcar en su propio municipio. El modelo planteado contemplaba la gratuidad para los vecinos de Almonte, El Rocío y Matalascañas, trasladando el coste del servicio a quienes visitan el núcleo costero y utilizan sus plazas de estacionamiento, como ocurre en numerosos destinos turísticos del litoral español.

En este sentido, el Ejecutivo municipal lamenta que, en lugar de presentar alternativas para regular el aparcamiento y mejorar la movilidad en Matalascañas, la única propuesta que llegue al Pleno sea una iniciativa que podría desembocar en una indemnización millonaria que acabarían soportando todos los almonteños.

El equipo de gobierno recuerda además que, cuando surgieron dudas jurídicas sobre la puesta en marcha del servicio, fue el propio Ayuntamiento quien decidió dejar sin efecto el decreto que permitía la entrada en funcionamiento de la ORA. Una decisión adoptada precisamente para garantizar la máxima seguridad jurídica y evitar cualquier perjuicio para el interés general.

A juicio del Consistorio, resulta contradictorio que ahora se impulse una revisión de oficio del contrato, una medida que podría abrir la puerta a importantes responsabilidades económicas para el Ayuntamiento si prosperara.

“El debate debería centrarse en cómo ordenar el estacionamiento y mejorar un servicio necesario para Matalascañas, no en adoptar decisiones que puedan comprometer gravemente las arcas municipales”, sostienen desde el equipo de gobierno.

El Ayuntamiento insiste en que seguirá trabajando para encontrar soluciones que permitan regular el aparcamiento sin perjudicar a los vecinos del municipio, manteniendo como principio que los almonteños no tengan que pagar por estacionar y defendiendo siempre los intereses generales frente a decisiones que puedan poner en riesgo la estabilidad económica del Consistorio.

Desde el Ejecutivo municipal recuerdan que una eventual reclamación de hasta 8 millones de euros supondría una carga económica de enorme magnitud para el Ayuntamiento y, por tanto, para todos los vecinos de Almonte, por lo que apelan a la responsabilidad de todos los grupos políticos a la hora de adoptar decisiones que puedan tener consecuencias tan relevantes para el futuro del municipio.