El 5 de mayo de 2026 se dictó el Decreto 2026-2358 relativo a la prestación del servicio ORA en Matalascañas.
Sin embargo, lo verdaderamente relevante es lo que ocurrió después: el Ayuntamiento de Almonte anuló dicho decreto el 14 de mayo de 2026, resolviendo la situación administrativamente por decisión propia.
Cinco días después, el 19 de mayo de 2026, la Junta de Andalucía formuló formalmente su requerimiento cuestionando el citado decreto.
Es decir, cuando ese requerimiento fue emitido por la Junta, el Ayuntamiento ya había adoptado la decisión de anular el decreto.
Los hechos son claros, las fechas también.
Y la propia Junta lo terminó reconociendo expresamente en su escrito posterior de 27 de mayo de 2026, donde afirma que “mediante Decreto del Alcalde, de 14 de mayo de 2026, se ha anulado el Decreto requerido”, entendiendo aceptado el requerimiento y acordando el archivo de las actuaciones abiertas.
La cronología deja poco espacio para interpretaciones interesadas: el Ayuntamiento de Almonte ya había corregido la situación antes incluso de recibir formalmente el requerimiento autonómico.
Por eso sorprende que la Asociación de Propietarios haya mantenido una estrategia de confrontación pública intentando trasladar a la opinión pública una realidad distinta de la que reflejan los propios documentos oficiales.
En este contexto, el Ayuntamiento de Almonte reafirma que todas sus actuaciones están guiadas por los principios de legalidad, seguridad jurídica, transparencia y defensa del interés general, criterios que continuarán marcando la acción municipal.
Los documentos oficiales de la Junta son inequívocos: el Ayuntamiento anuló el decreto el 14 de mayo, antes del requerimiento de la Junta del 19 de mayo, y la propia Junta terminó archivando el expediente el 27 de mayo.