El Ayuntamiento de Almonte ha obtenido un nuevo pronunciamiento judicial favorable en el procedimiento promovido por el concejal no adscrito Miguel Ángel Jiménez García contra el decreto relacionado con la puesta en funcionamiento de la Zona ORA en Matalascañas.

El Auto número 99/2026, dictado por la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Huelva, acuerda el archivo definitivo del procedimiento y rechaza la petición del demandante de que el Ayuntamiento asumiera las costas judiciales.

La resolución recoge que el decreto objeto del recurso había sido anulado por el propio Ayuntamiento el 14 de mayo de 2026, ocho días antes de que Miguel Ángel Jiménez presentara la demanda, registrada el 22 de mayo. Además, dicho decreto nunca llegó a notificarse ni a producir efectos jurídicos, circunstancia que fue comunicada por los servicios jurídicos municipales desde el inicio del procedimiento.

Pese a ello, el concejal no adscrito acudió a los tribunales solicitando incluso una medida cautelarísima para suspender un decreto que ya no estaba vigente. El juzgado rechazó también esa petición al considerar que no existía la urgencia necesaria para adoptar una medida de ese carácter.

Posteriormente, el propio demandante mostró su conformidad con el archivo del procedimiento, aunque solicitó que el Ayuntamiento asumiera las costas judiciales. El juzgado también desestimó esa petición y acordó el archivo sin condena en costas para la Administración municipal.

Desde el Gobierno municipal consideran que esta resolución vuelve a poner de manifiesto una estrategia basada en la judicialización constante de la actividad del Ayuntamiento.

“Se ha recurrido un decreto que ya había sido anulado antes de que se presentara la demanda. El resultado es que la medida cautelarísima fue rechazada, el procedimiento ha sido archivado y el Ayuntamiento tampoco tendrá que asumir las costas.”

El Ejecutivo local sostiene que este tipo de actuaciones generan un gasto innecesario de tiempo y recursos públicos, obligando a movilizar los servicios jurídicos municipales para responder a procedimientos que, a su juicio, carecen de fundamento.

Asimismo, el Ayuntamiento recuerda que la resolución judicial no contiene ningún pronunciamiento que declare ilegal la actuación municipal. Por el contrario, el procedimiento concluye archivado, sin consecuencias para la Administración y sin que prospere ninguna de las pretensiones planteadas por el concejal no adscrito.

Para el Gobierno municipal, este nuevo pronunciamiento confirma que la vía de la confrontación judicial no ha obtenido el resultado perseguido y reafirma la actuación del Ayuntamiento en la gestión de este expediente.