Matalascañas
La Asociación de Propietarios de Matalascañas solicita expedientar a funcionarios municipales tras ser sancionada por temeridad manifiesta
El colectivo reclama que se identifique a los empleados públicos responsables de una supuesta incidencia administrativa y que se adopten las medidas disciplinarias que procedan. El Ayuntamiento considera que se trata de un nuevo episodio de confrontación institucional.
Doñana Actual
La Asociación de Propietarios de Matalascañas ha presentado un escrito ante el Ayuntamiento de Almonte en el que solicita la apertura de una investigación interna y la adopción de medidas disciplinarias contra funcionarios municipales por una supuesta incidencia en la tramitación de expedientes administrativos.
En el documento registrado por la entidad se solicita expresamente: «Que se abra de forma inmediata una investigación interna sobre la mezcla de los expedientes personales del exponente con los expedientes de la Asociación de Propietarios de Matalascañas, se corrija esa situación de forma inmediata, se identifiquen los funcionarios responsables y se adopten las medidas disciplinarias que procedan».
Con esta petición, la asociación solicita que el Ayuntamiento identifique a los empleados públicos que, en su caso, hubieran intervenido en los hechos denunciados y que, si se apreciaran responsabilidades conforme al procedimiento legalmente establecido, se incoen los correspondientes expedientes disciplinarios.
Desde el gobierno municipal han mostrado su respaldo a los trabajadores de la administración local y recuerdan que cualquier posible responsabilidad únicamente puede determinarse mediante los procedimientos previstos en la normativa y con pleno respeto a las garantías jurídicas.
Fuentes municipales consideran que este nuevo escrito supone un paso más en la estrategia de confrontación que, a su juicio, viene manteniendo la Asociación de Propietarios de Matalascañas mediante la presentación reiterada de recursos, reclamaciones y acciones administrativas contra distintas actuaciones municipales.
Las mismas fuentes lamentan que el conflicto se traslade ahora al ámbito de los empleados públicos, al solicitar la apertura de expedientes disciplinarios contra funcionarios municipales, y defienden que estos desempeñan su labor con profesionalidad, objetividad y sometimiento pleno a la legalidad.
Un antecedente de temeridad manifiesta
Este nuevo episodio se produce después de que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía impusiera a la Asociación de Propietarios de Matalascañas una multa de 1.500 euros al apreciar temeridad manifiesta en un recurso presentado por la propia entidad contra actuaciones relacionadas con el servicio de estacionamiento regulado de Matalascañas.
En aquella resolución, el Tribunal inadmitió el recurso al considerar que el procedimiento utilizado no era la vía legal adecuada para impugnar el acto recurrido y acordó imponer la sanción prevista en la normativa al apreciar temeridad manifiesta en la actuación procesal de la asociación. La resolución precisa expresamente que el órgano administrativo apreció temeridad, aunque no mala fe.
Desde el Ayuntamiento consideran que este antecedente se suma a la reiteración de actuaciones administrativas y judiciales promovidas por la asociación durante los últimos años y entienden que la nueva solicitud de expedientar a funcionarios municipales constituye un nuevo episodio de esa dinámica de confrontación.
El gobierno municipal insiste en que continuará atendiendo todos los escritos y recursos por los cauces legales correspondientes, al tiempo que reitera su confianza en la profesionalidad de los empleados públicos municipales y su compromiso con una gestión basada en criterios técnicos, jurídicos y de servicio al interés general.
Fuentes del consistorio subrayan que las discrepancias con la actuación municipal son plenamente legítimas dentro del Estado de Derecho, pero consideran que trasladar el conflicto a los trabajadores de la Administración mediante la solicitud de expedientes disciplinarios supone un paso especialmente grave que merece una respuesta firme en defensa de quienes desarrollan diariamente su labor al servicio de todos los vecinos.